Luego de ser aprobada en segundo debate por la Cámara de Representantes, la iniciativa pasa a estudio del Senado. El principal objetivo es el establecimiento de lineamientos generales en materia de medición de costos de reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios. La iniciativa impone como obligación a las comisiones de regulación definir el mínimo vital para cada uno de los servicios públicos. Así, el costo del consumo mínimo vital deberá ser facturado al usuario y se aplicarán los subsidios al consumo a que haya lugar, incluido el Fondo de Energía Social, para el caso de energía eléctrica. Adicionalmente, se propone la creación de un fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía (Fenoge); con los recursos del fondo se podrán financiar parcial o totalmente, entre otros, programas y proyectos dirigidos al sector residencial de estratos 1, 2 y 3. Por otra parte, se establecen sanciones para las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones y reclamaciones de los usuarios, así como a aquellas que incurran en el incumplimiento en la prestación del servicio cuando este sea manifiesto. Dentro de este mismo punto se establecen circunstancias de agravación para efectos de graduar la sanción, por ejemplo: la persistencia en la conducta infractora; la existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección del usuario frente al abuso de posición dominante o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las autoridades de competencia. En cuanto a los cargos por aportes de conexión de los estratos 1, 2 y 3, serán cubiertos por la entidad territorial, siempre que exista disponibilidad presupuestal. Por último, la reinstalación o reconexión del servicio deberá realizarse dentro de las 36 horas continuas siguientes al momento en que el usuario haya cumplido con sus obligaciones.