Admitir la reelección inmediata de quien se desempeñe como Auditor General de la República altera el modelo de control fiscal, cambia las circunstancias de acceso a los cargos ubicados en este sistema, interfiere en el control democrático sobre quienes ejercen la vigilancia de la gestión fiscal y compromete el principio de separación de poderes, indicó la Corte Constitucional. Al establecer esta precisión, determinó que el proyecto de ley que busca permitir la reelección de este funcionario se ajusta a la Carta Política, en el entendido de que no puede darse para periodos consecutivos (P. L. 104/11C-109/11C-189/11S). Para la corporación, gran parte de las funciones previstas para el cargo son las mismas que, constitucionalmente, cobijan al Contralor General, de ahí que la restricción sea aplicable en ambos casos. La Procuraduría había solicitado a la Corte declarar constitucional la iniciativa, sin ningún condicionamiento, postura que fue asumida por los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Jorge Ignacio Pretelt, quienes salvaron el voto parcialmente (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).