La Corte Suprema de Justicia estableció que para poner en evidencia la comisión del delito de prevaricato por acción se debe demostrar el elemento normativo “manifiestamente contrario a la ley”. De ahí que no considere errado el fallo absolutorio decretado a favor de una fiscal que archivó una indagación que se adelantaba contra un particular por su supuesta vinculación con las autodefensas. Sostuvo que, con el amparo del artículo 314 de la Ley 1600 del 2012, se pueden desechar elementos recopilados por la policía judicial en las labores previas, ya que se trata de simples instrumentos orientadores, que no tienen virtud de testimonios o indicios. De ahí que considerara válido que las versiones iniciales con respecto al probable nexo del indiciado con el paramilitarismo hubieran sido desestimadas por la procesada, debido a su incontrastabilidad (M. P. Fernando Castro).