Al precisar que el acoso laboral dentro de las entidades públicas puede activar el control de autoridades disciplinarias, el Consejo de Estado ratificó la sanción de destitución que emitió la Procuraduría en contra de una registradora de instrumentos públicos de Calarcá (Quindío). La Sección Segunda precisó que se dieron las condiciones respecto a la oportunidad de tiempo para poner en conocimiento de las autoridades situaciones como la descrita, por cuanto no había lugar a la anulación del fallo. Al expediente se allegaron testimonios de los subalternos de la funcionaria, según los cuales esta los llamaba “mongólicos, brutos, ignorantes y trogloditas”, entre otros calificativos, les prohibía hablar por teléfono y les negaba permisos. La accionante, en este caso la sancionada, se defendía señalando que trataba de ejercer un tipo de liderazgo que generó malestar en los empleados, al punto de crear animadversión hacia ella.