Que los alcaldes tengan a su cargo la facultad de resolver controversias entre indígenas sobre el uso de resguardos debería ser declarado inconstitucional, así lo advierte una demanda contra el artículo 11 de la Ley 89 del 1890 que admitió la Corte Constitucional. En opinión del demandante, esa competencia atenta contra los artículos 3º, 13 y 246 de la Carta Política, porque no tiene en cuenta el poder de autodeterminación de la jurisdicción especial indígena, la autonomía de los pueblos y la diversidad étnica (demandante: Camilo Andrés Rodríguez).