La Corte Constitucional dio a conocer la sentencia mediante la cual le concedió a la Registraduría Nacional del Estado Civil un máximo de dos años para proveer mediante concurso público todos los cargos de carrera que actualmente se encuentran ocupados por personal nombrado en provisionalidad. Según la decisión, el organismo cuenta con seis meses para adelantar las respectivas convocatorias. Para el efecto, recomendó la vinculación de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en la administración y vigilancia del concurso, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y estabilidad. En el caso concreto, la corporación revocó la decisión que anuló la declaratoria de insubsistencia de un funcionario de la Registraduría vinculado a la entidad por libre nombramiento y remoción. La corporación resaltó el principio de discrecionalidad con el que cuenta la administración para desvincular a este tipo de funcionarios, basado en la pérdida de la confianza legítima (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).