Como ajustada a la Carta Política de 1991 fue declarada la norma que exige pruebas de aptitud sicofísica para otorgar permisos de uso de armas de fuego a quienes se dedican a labores de vigilancia y seguridad (artículo 1º de la Ley 1539 del 2012). Según el examen del alto tribunal, es legítimo que los costos de su práctica sean asumidos por las ARP y no por los trabajadores, pues este servicio se enmarca dentro de las funciones propias de este tipo de entidades. Los magistrados Mauricio González, Luis Guillermo Guerrero y Jorge Pretelt salvaron el voto, en tanto que María Victoria Calle anunció una aclaración.