En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue radicado el informe de ponencia para penúltimo debate de la polémica iniciativa que pretende regular el sector de vigilancia privada. Allí se propone prohibir la inversión de capitales extranjeros en el sector, no solo en las modalidades de servicio de vigilancia y seguridad humana y capacitación y entrenamiento canino, como estaba originalmente planteado, sino que se extiende a la vigilancia electrónica, al transporte multimodal de valores, las actividades de blindaje y arrendamiento de elementos blindados, fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos destinados a la vigilancia y seguridad privada y a la consultoría, asesoría y estudios en vigilancia y seguridad privada. En resumen, prohíbe todo tipo de inversión extranjera en esta actividad, sin excepción alguna. La ponencia también cerraría la posibilidad de renovación de las licencias de funcionamiento para las empresas con socios o capital extranjero que en la actualidad cuenten con permiso para prestar servicios. Lo anterior pese a que el Gobierno ha expresado su oposición a la iniciativa por considerarla discriminatoria.