La Procuraduría General de la Nación pidió declarar exequible el decreto que declaró el estado de emergencia social en los municipios limítrofes con Venezuela (Decreto 2693 del 2010). El Ministerio Público explicó que la medida obedeció a la afectación de la economía nacional en más de US$ 7.000 millones que obligaba a la declaratoria de la emergencia para conjurar la crisis de incidencia nacional y con consecuencias que sobrepasaban el ámbito económico y social. Según la Procuraduría, si se recurría a los medios ordinarios, “mientras el Congreso estudiaba y aprobaba las medidas legales necesarias, la población afectada con la crisis podía haberse arruinado o haber sufrido perjuicios irremediables en sus derechos fundamentales”.