La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequibles las facultades otorgadas a la Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante el Código General del Proceso (artículo 24, numeral 3, literal b de la Ley 1564 del 2012). Para el Ministerio Público, la norma demandada sí precisa cuáles son las funciones jurisdiccionales que asumirá cada funcionario, de acuerdo al principio de gradualidad de oferta, contrario a lo expresado por el actor, para quien la disposición vulnera el artículo 116 de la Constitución, que señala específicamente qué entidades asumirán actuaciones judiciales. El organismo de control indica además que incluso la entidad emitió una resolución en la que faculta para el ejercicio de estas cualidades al Director General y al Subdirector Técnico de Capacitación, Investigación y Desarrollo, entre otros. La ponencia será presentada por el magistrado Mauricio González ante la Sala Plena de la Corte.