La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la ley por medio de la cual se regula el otorgamiento y funcionamiento de créditos de libranza (Ley 1527 de 2012). El Ministerio Público precisó que las condiciones establecidas para el descuento no desconocen el principio de progresividad en materia laboral. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Luis Guillermo Guerrero.