La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el tratado firmado por Colombia y Brasil para que los ciudadanos de uno y otro territorio del área de frontera cuenten con permiso de residencia, trabajo y estudio (Ley 1664 del 2013). A juicio del Ministerio Público, el instrumento internacional es respetuoso del principio de soberanía e independencia y persigue fines constitucionales legítimos, como lo es la prosperidad de los pobladores de la zona de frontera. Frente al trámite de aprobación de la iniciativa, el organismo de control sostuvo que el Legislativo actuó siguiendo los principios de los artículos 2º de la Ley 3ª de 1992; 144 y 118 de la Ley 5ª de 1992, además del 154, 160 y 162 de la Constitución. La ponencia será proyectada por la magistrada Martha Sáchica.