La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el acuerdo firmado por Colombia y Perú con la Unión Europea (Ley 1669 del 2013). En su concepto, destacó que las medidas fitosanitarias allí planteadas no restringen el comercio recíproco, que existe un equilibrio entre las necesidades empresariales y el desarrollo sostenible que favorece la preservación del medio ambiente y que el instrumento promueve la generación de nuevos empleos. También rescata las medidas sancionatorias contra quienes afecten la libre competencia y la protección del consumidor. La ponencia será presentada por el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza.