El Ministerio Público no está de acuerdo con el aumento de requisitos de jubilación ni con el equiparamiento entre las edades mínimas de hombre y mujer para alcanzar el derecho. Indicó que la Ley 797 del 2003 y el Acto Legislativo 1° del 2005 ya establecieron requisitos lo suficientemente gravosos para que los trabajadores alcancen la garantía. Frente al equiparamiento de las edades de jubilación para ambos géneros, citó estudios de Dejusticia y Usaid, que pondrían en evidencia el déficit de empleo y de calidad de trabajo que enfrentan las mujeres; otra investigación de la Universidad Externado, dice, las muestra como más proclives que los hombres a la informalidad laboral y reflejaría que un 87 % de las que cuentan ya con 57 años no tienen pensión.