Luego de cinco años de ocurridos los hechos, se conoció la decisión de la Procuraduría de sancionar a los agentes de la Policía y la Fiscalía responsables de la interceptación ilegal de las comunicaciones que sufrió el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez. La decisión de primera instancia inhabilita por 15 años al intendente Ferney Enrique Galvis Rojas, exintegrante del área antisecuestro del Gaula de Fusagasugá (Cundinamarca); al exinvestigador del CTI Aldo Francisco Pérez Yosa y al excentinela Oswaldo Villamil Torralba. Así mismo, destituyó e inhabilitó por 12 años al señor Edwin Nicolás Acuña Chitiva, adscrito a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía. Según la investigación, se dio apariencia de legalidad a la interceptación al incluir la línea telefónica del jurista en una investigación que se adelantaba por secuestro. A pesar de que Velásquez nunca fue incluido en la actuación, el propósito era ocultar la procedencia ilegal del procedimiento, que tenía por objeto tener acceso a las comunicaciones privadas del entonces investigador de la parapolítica.