Procurador carece de imparcialidad para sancionar a sus nominadores: Vargas Silva (3:30 p.m.)

El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva se apartó de la decisión que negó la tutela que presentó la exsenadora Piedad Córdoba contra el fallo disciplinario que la destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 18 años. En su opinión, no es razonable ni proporcionado que una autoridad administrativa como el Procurador General de la Nación, un funcionario individual elegido por las mayorías políticas del Senado, tenga el poder para despojar del cargo a parlamentarios elegidos democráticamente. Según el salvamento de voto, el juzgamiento disciplinario compromete la autonomía, libertad e independencia de los congresistas, especialmente los pertenecientes a minorías políticas y a la oposición. Por otro lado, citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Mendoza contra Venezuela, que exige reserva judicial para la adopción de decisiones que afecten derechos políticos de funcionarios de elección popular. Dice Vargas que desconocer el carácter de precedente de ese fallo se opone al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y permitiría la revisión de la decisión por parte de órganos de derecho internacional. Finalmente, el magistrado advirtió que proferir una sentencia conociendo que existen objeciones insuperables de la mayoría constituye “una grave deficiencia en el ejercicio de la administración de justicia”.