Así lo decidió la hoy extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura en una de sus últimas providencias, luego de estudiar el caso de una queja interpuesta por una funcionaria de un juzgado en contra de la jueza de su despacho y demás compañeros de trabajo por presunto acoso laboral. La Sala conoció el caso después de que un juez de primera instancia se inhibiera de sancionar a la jueza, ya que, en su criterio, al analizar las pruebas allegadas al proceso se advertía que la conducta que la funcionaria consideraba acoso era consecuencia de su presunta resistencia y negligencia para cumplir a cabalidad con las labores encomendadas en el despacho. Luego de analizar las diferentes actuaciones adelantadas, el alto tribunal consideró que en el caso “lo pertinente, era como mínimo iniciar la actuación disciplinaria correspondiente, a fin de investigar todos y cada uno de los numerosos hechos denunciados, mediante el recaudo de las pruebas pertinentes, a fin de establecer si en efecto, alguna de estas actuaciones configura la conducta de acoso laboral, por acción o por omisión, o cualquier otra de las contempladas en el régimen disciplinario”. Y frente a la actuación del juez de primera instancia agregó que “[t]ratándose de un proceso sancionador, en el cual se consagró como deber del funcionario investigar, con igual rigor, tanto lo favorable como desfavorable, con la finalidad de encontrar la verdad material, no puede el operador disciplinario quedarse esperando a que la prueba le llegue, por el contrario, debe desplegar todas las acciones necesarias que lo conduzcan a dilucidar el asunto, en sus aspectos objetivo y subjetivo”. (M.P. Camilo Montoya Reyes)Noticia generada en Feb. 16/21Información relacionada:Sancionado juez que concedió tutela cuando ya había cosa juzgada