Luego de que su antecesor fuera archivado por vencimiento de términos, el proyecto de ley de protección de playas marinas y terrenos de bajamar volvió a ser radicado en el Senado de la República. La iniciativa pretende establecer medidas concretas para la protección, defensa, recuperación, conservación y uso de las playas marinas y terrenos de bajamar. Dentro de las medidas de protección más radicales se encuentra la posible prohibición del desarrollo de actividades mineras, exploración y explotación de hidrocarburos y la acuicultura dentro de manglares. Por su parte, en las playas marinas y terrenos de bajamar se restringiría la actividad minera y la extracción de arena y otros minerales. Tampoco se permitirían labores de dragado y alteración de los fondos acuáticos. Dentro del texto se mencionan cuatro situaciones que serán consideradas faltas disciplinarias gravísimas: 1) Si la autoridad ambiental otorga licencias de construcción en playas o terrenos de bajamar sin que medie previamente concesión por parte de la Dimar; 2) Si el destino de la construcción es para vivienda de uso habitacional; 3) Si la autoridad ambiental no ejecuta oportunamente las órdenes de restitución sobre las playas o terrenos de bajamar y 4) Cuando no ejecute las acciones tendientes a recuperar los bienes de uso público una vez finalice el término de la concesión o se declare su terminación unilateral. Con respecto al infractor, se prevén sanciones que van desde la imposición de multas diarias hasta por una suma equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales, pasando por la revocatoria de la concesión, permiso o autorización y llegando hasta el cierre temporal o definitivo del establecimiento infractor.