El Gobierno acaba de derogar el Decreto 1859 del 2012 y de expedir una nueva regulación en donde precisa las funciones y alcance del trabajo del consejo directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación para la atención de controversias internacionales de inversión. La norma señala que también serán funciones de esta instancia estudiar y adoptar las recomendaciones propuestas por un grupo de apoyo interinstitucional y formular líneas generales como parámetro para atender dichas controversias. El grupo de apoyo estará obligado a guardar confidencialidad y a no divulgar la información conocida con ocasión de dicha participación en las deliberaciones y decisiones que se surtan, así como de la estrategia de defensa del Estado, so pena de incurrir en sanción disciplinaria.