La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años al exalcalde de Buenaventura del periodo 2012-2015, Bartolo Valencia Ramos, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del sector de la educación destinados a los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad.

Dicha decisión se dio luego que el ente de control comprobara que Valencia había incluido en el banco de oferentes al centro docente Ana Victoria, haciéndolo elegible para contratar servicios educativos y con el cual había suscrito cuatro contratos, a pesar de incumplir los requisitos de reconocida trayectoria, idoneidad e infraestructura.

Así mismo, se pudo evidenciar que, durante el 2014 y 2015, destinó $ 3.492’000.000 del sistema general de participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes, de los cuales, según los hallazgos de firmas auditoras contratadas por el Ministerio de Educación, 2.321 alumnos eran inexistentes, lo que generó un detrimento patrimonial por $ 2.088’900.000.

Con lo anterior, el Ministerio Público concluyó que el exfuncionario incurrió en una gran falta a título de culpa gravísima por desconocer el principio de responsabilidad de la contratación estatal y manejar irregularmente dineros que debían ser destinados a la prestación de un servicio educativo con calidad.