Como un acto de abandono inadmisible calificó el Consejo de Estado la actuación de la Policía tras la toma de Roncesvalles (Tolima), en la que guerrilleros de las Farc dieron muerte a 13 uniformados el 14 de julio del 2000; al condenar a la Nación al pago de más de $ 2.000 millones a los familiares de tres agentes victimizados, declaró probada la falla en el servicio, dada la “inocua estrategia” de la fuerza pública para apoyar a los uniformados de la zona, que durante 27 horas soportaron el ataque de los insurgentes. De ineficaz, inoportuna e insuficiente tildó la corporación la respuesta de la Policía, que se limitó a enviar un avión fantasma a la zona, cuando la posición geográfica del municipio le brindaba facilidades a la hora de requerir refuerzos para atacar, ya fuera en Rovira, Cajamarca y San Antonio, algunas de las poblaciones vecinas con la capacidad de aportar tropas, a las que la demandada no acudió (C. P. Carlos Alberto Zambrano).