En complemento a la reforma carcelaria presentada ante el Senado, se radicó un proyecto que pide crear un sistema integral de salud penitenciaria. La propuesta plantea la “presunción de fundamentalidad del derecho a la salud de toda la población reclusa”, para que el Estado no oponga el argumento de falta de presupuesto para atender a quienes se encuentran privados de la libertad. Así, todos los establecimientos de reclusión tendrían áreas de sanidad y contratarían con las EPS servicios de telemedicina.