La Corte Constitucional recordó que los contratistas encargados de la construcción de viviendas de interés prioritario también tienen a su cargo el deber de proteger el derecho fundamental a la vivienda digna de los desplazados y solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría investigar casos en los que se han presentado incumplimientos. Indicó que este tipo de particulares viola ese derecho fundamental, cuando se demoran excesivamente en hacer efectiva la entrega de las viviendas, pese a haber recibido ya los subsidios que ha dispuesto el Gobierno Nacional. En estos casos, aclara la providencia, la falta de gestión también es atribuible a las autoridades, que deben ejercer la respectiva vigilancia (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).