Por considerar que se viola el derecho al trabajo, se pide la inexequibilidad del término “por vejez” consagrado en el artículo 25 del Decreto 2400 de 1968 y el artículo 31 de esa misma norma. Estas disposiciones señalan las causas de la cesación definitiva de funciones públicas y prevén que todo empleado que cumpla la edad de 65 años será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. A juicio del demandante, no existe ninguna razón por la cual se deban excluir a estos trabajadores de empleos oficiales por causa de su edad, teniendo en cuenta que la norma constitucional no exceptuó de su aplicación a ninguna persona (demandante: Hércules Cianci Sánchez).