En concepto presentado ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se declare exequible la norma que le otorgó facultades al Presidente de la República para crear una institución universitaria que forme en investigación penal y criminalística, para que provea el recurso humano necesario a la Fiscalía General de la Nación (Ley 1654 del 2013). El Ministerio Público argumenta que la norma demandada no viola el principio de autonomía universitaria previsto en la Carta Política, teniendo en cuenta que esta garantía se encuentra prevista en forma diferenciada, dependiendo del objeto y los fines del organismo que preste el servicio de educación.