Así lo expresó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras precisar que el Gobierno no ha contemplado la posibilidad de establecer sanciones más severas como la cadena perpetua o la pena de muerte; no obstante, aclaró que el Ejecutivo deberá evaluar en los próximos días la propuesta que busca incluir en la agenda legislativa de este año un referendo en favor del establecimiento de la primera de estas medidas punitivas para responsables de delitos contra la niñez. El jefe de la cartera política indicó que los 60 años que el Código Penal impone para ese tipo de conductas es la medida justa y sostuvo que el centro del debate debe dirigirse a lograr que los jueces hagan cumplir la pena, que no permite ningún tipo de beneficios para los infractores. Por otra parte, indicó que nadie en el Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta en torno a una supuesta ley de punto final para los actores del conflicto y que las pretensiones del expresidente César Gaviria se refieren a una posibilidad que ya está en discusión, la relativa a que tanto actores armados como los que no lo son puedan disponer de mecanismos de justicia transicional.