El pasado 9 de enero, se publicó en el Diario Oficial de México la Ley General de Víctimas, que implementa medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.

Además de facilitar el acceso al derecho a la verdad, la norma, que deberá reglamentarse en los próximos seis meses, reconoce el derecho a la satisfacción, que incluye la búsqueda de personas desaparecidas.

La ley crea el Sistema Nacional de Víctimas, que supervisará los programas de apoyo; la Comisión Ejecutiva de Atención, en la que participarán representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil; la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva; el Registro Nacional de Víctimas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Sin embargo, la nueva norma ha sido motivo de críticas, como las expresadas por la organización no gubernamental de víctimas México SOS, que advirtió sobre su presunta inconstitucionalidad e inviabilidad financiera, y la acusó de “revictimizar” a los afectados por la delincuencia, “quienes deberán recorrer un verdadero un calvario burocrático para recibir justicia”.

Consulte aquí el texto completo de la Ley General de Víctimas