El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza trató de desvirtuar los señalamientos de su colega Jorge Ignacio Pretelt en torno a la supuesta colaboración del abogado de Fidupetrol, Jorge Pacheco, en la financiación del evento. Mendoza dio a conocer todas las comunicaciones relacionadas con el evento, no sin antes recordar que, por ejercer la presidencia en el 2011, era el encargado de gestionar la financiación y demás detalles del encuentro anual de la jurisdicción constitucional. Según el resumen que presentó, fueron estamentos públicos del Atlántico, empresas estatales como Ecopetrol, universidades de Barranquilla (Atlántico) y varias empresas del sector privado, además de la Rama Judicial, las que realizaron los aportes que permitieron todas las actividades. Aclaró, así mismo, que la Corte no cuenta con ningún soporte de pago, debido a que los costos fueron asumidos directamente por las entidades.