El proceso de responsabilidad fiscal tiene como sujeto cualificado la noción de gestión fiscal que debe evaluarse en cada caso concreto. Si se trata del incumplimiento de obligaciones contractuales, la administración tiene la posibilidad de evaluar los presupuestos de una acción contractual, pero si se ha causado daño por negligencia en desconocimiento de los deberes profesionales, puede optar por la consecuente denuncia e investigación ante el Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente, señaló la Contraloría General de la República. Cualquiera de las posibles elecciones debe ser considerada por el órgano ejecutor respectivo, pues se trata de la actividad administrativa interna.