La Contraloría General de la República señaló que los órganos de vigilancia y control del Estado no pueden convertirse en aparatos de coadministración, pues ello restaría independencia a la función de control posterior que les ha asignado la Constitución. Por tal razón, en reciente concepto la entidad explicó que el proceso de contratación administrativa es un instrumento de la gestión pública y la vía más utilizada para la ejecución del presupuesto público, dentro del cual está vedada la participación de dichos organismos, porque ese proceso será objeto de revisión y control posterior.