La Corte Constitucional determinó que la Registraduría violó los derechos fundamentales de un adulto mayor en situación de indigencia debido a que no pudo acceder a los subsidios a los que tenía derecho por su condición de vulnerabilidad, pues no contaba con su documento de identidad. La alta corporación consideró que se desconocieron las garantías fundamentales del tutelante, al tardar la entidad más de tres años en responderle su requerimiento respecto a la expedición de su cédula y por no notificarle su decisión de cancelar la petición, por razones de duplicidad. La Corte ordenó a las entidades encargadas, como el Banco Agrario, materializar la entrega del subsidio, aun cuando los datos de identificación no correspondan con los contenidos en las bases de datos de beneficiarios (M. P. María Victoria Calle).