En virtud de una acción de cumplimiento interpuesta contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el Consejo de Estado le ordenó dar cumplimiento a una resolución en la que reconoció el beneficio de protección por muerte a una obligación crediticia amparada con seguro de vida. A juicio del alto tribunal, esta entidad desconoció el mandato contenido en su propio acto administrativo, pues el crédito cancelado no fue descargado contablemente. La sala concluyó que sobre un crédito vigente en libros cedido por compraventa de cartera no se materializó dicha protección con el reconocimiento, al no evidenciarse los efectos del pago de la deuda (C. P. Mauricio Torres Cuervo).