La Corte Constitucional discutirá esta semana la tutela mediante la cual la exsenadora Piedad Córdoba busca que se deje sin efectos la destitución e inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas por 18 años que le impuso la Procuraduría, por su supuesta responsabilidad en la denominada Farcpolítica. Adicionalmente, se pondrá a consideración la norma que le confiere a los concejos municipales el poder para citar a control especial a los representantes legales de empresas de servicios públicos (Ley de Modernización Municipal). También se evaluará la constitucionalidad de la disposición que permite que hijos menores de funcionarios víctimas de desaparición forzada perciban los salarios de sus padres.