El Consejo de Estado volvió a reprochar la concesión irregular de pensiones aprovechando el régimen especial de los congresistas, al revocar el derecho a la pensión de sobreviviente de la viuda de un exparlamentario que no reunía los requisitos y que ya gozaba de una mesada otorgada por una caja departamental de previsión social. La Sección Segunda sostuvo que la extensión en forma indiscriminada de un régimen a beneficiarios que ya han consolidado su situación genera la aplicación indebida de la ley, quebrantando el sistema jurídico y estableciendo un esquema privilegiado no previsto por el legislador. La corporación evidenció nuevamente la inclusión en el régimen pensional especial de congresistas a un afiliado que no cumplía con una de las condiciones esenciales, ser parlamentario al 18 de mayo de 1992, cuando entró en vigencia la Ley 4ª (C. P. Gustavo Gómez).