En sentencia publicada este año, la Corte Constitucional señaló que la difusión de las normas que implican extinción de derechos deben difundirse de manera efectiva, para asegurar que sus destinatarios las conozcan. En el caso analizado, la Secretaría de Movilidad de Barranquilla (Atlántico) autorizó la reposición por destrucción de un vehículo de servicio público de transporte terrestre, pero negó la solicitud de matrícula de uno nuevo argumentando que el acto administrativo de reposición tenía vigencia y validez por un año (parágrafo 1º del artículo 28 de la Resolución 4775 del 2009). El alto tribunal encontró que el acto administrativo de reposición expedido por la secretaría no contenía dicha información. En este contexto, exhortó a la entidad pública para que realice los ajustes necesarios para cumplir su deber de difusión (M. P. Adriana María Guillén Arango).