La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que sanciona con penas de entre uno y tres años de cárcel al padre que en ejercicio de la patria potestad sobre su hijo menor lo sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores o incluso lo arrebate de la custodia o cuidado personal de su otro padre (artículo 7º de la Ley 890 del 2004). El Ministerio Público considera que el hecho de que la norma no incluya sanciones para la afectación del derecho de visitas no supone una omisión legislativa relativa. Ello, dice, porque dentro de su libertad de configuración, el Congreso determinó que afectar esta última garantía no puede ser objeto de reproche desde el punto de vista penal, pues no afecta tan profundamente el interés superior del menor. La ponencia será presentada por el magistrado Mauricio González.