La Corte Constitucional negó la viabilidad del incidente de impacto fiscal que interpuso la Procuraduría contra el fallo mediante el cual el alto tribunal declaró inexequible la incorporación de delegados judiciales 1 y 2 del Ministerio Público mediante libre nombramiento y remoción (artículo 182 del Decreto-Ley 262 del 2000 (Sentencia C-101/13)). La Sala Plena reiteró los términos mediante los cuales el organismo de control fue obligado a convocar un concurso público para remplazar a los funcionarios que actualmente ocupan estas plazas por servidores de carrera. La máxima instancia constitucional ya había denegado la nulidad del mismo fallo y había ratificado una sentencia de tutela que obligaba a la entidad a asegurar que los cargos de carrera que estaban siendo ocupados por funcionarios nombrados en provisionalidad fueran ocupados por servidores designados por mérito; frente a este último expediente, la Procuraduría contaba con un plazo de dos años para terminar la orden impartida.