La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una estudiante de Derecho a quien se le negó el reconocimiento de las prácticas jurídicas que realizó en la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito –UNODC–, por considerar que esta entidad no hace parte de las entidades habilitadas por la ley para que los estudiantes de Derecho realicen la judicatura. Según la providencia, la decisión adoptada por la autoridad administrativa resultó desproporcionada, comoquiera que se interpretaron restrictivamente las normas legales que regulan las prácticas jurídicas, vulnerando su derecho fundamental a la educación. A su juicio, y luego de verificadas las funciones legales que la accionante desempeñó, la corporación estimó que las prácticas se desarrollaron en una institución cuyas funciones cumplen plenamente los objetivos de garantizar que los estudiantes próximos a obtener el título de abogacía cuenten con un ejercicio jurídico previo articulado a una actividad de servicio social. En atención a lo anterior, se reiteró que, tratándose de este tema, las decisiones de las autoridades judiciales y administrativas deben ser racionales y razonables, es decir, deben estar justificadas no solo desde un punto de vista lógico, sino también desde una razón práctica (M. P. Luis Ernesto Vargas).