“Aceptar que no existan penas de prisión efectiva ante los actos de ferocidad y barbarie convertiría la búsqueda de la paz en un proceso de impunidad total y absoluta”, así lo advirtió el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en una comunicación dirigida al ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, en la que insistió en la importancia de que el Gobierno anuncie su disposición a que se lleve a cabo un debate previo sobre las penas que se deberán imponer a quienes sean responsables de crímenes atroces contra el pueblo colombiano, en el caso de que se concrete un acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC. En su opinión, ese debate es indispensable para que las medidas en materia de justicia transicional sean sostenibles en el plano interno y ante las jurisdicciones internacionales. Si se suscribe un acuerdo con las FARC es para cumplirlo, pero solo existe garantía de que se pueda cumplir si se respetan los estándares internacionales de justicia en materia penal, lucha contra la impunidad y derechos de las víctimas”, agregó.