Mediante el Decreto 1327, el Gobierno hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a Víctor Isidro Ramírez Loaiza, gobernador del Caquetá para la época de los hechos (2013), consistente en destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 11 años para ejercer cargos públicos. Así mismo, designó como gobernadora encargada a Julieta Gómez de Cortés, quien se desempeña como asesora del despacho del Ministro del Interior.