Así se lo hizo saber la Procuraduría a la cartera de Hacienda, para que haga públicos los argumentos legales que tuvo para reabrir este proceso. Explicó que aunque esta enajenación esté regida por el derecho privado, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) obliga a la entidad a que el acto administrativo en el que se imparte esta directriz y cualquier otro exponga las razones de hecho y de derecho que lo motivan. Agregó que en el reglamento de segunda etapa del programa de venta de acciones de Isagén no se encuentra regulada una segunda precalificación y que ya se surtió un trámite en el que inversionistas recibieron este aval previo.