Congreso argentino tiene en sus manos la expropiación de YPF

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, radicó en el Congreso de ese país un proyecto de ley a través del cual pretende declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % del patrimonio de la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S. A.)

El paquete accionario que la mandataria busca nacionalizar está en poder de la empresa española Repsol. En 1992, YPF fue convertida en sociedad anónima y, en 1997, inició su proceso de desnacionalización. Finalmente, en 1999, Repsol compró el 51 %, que se pretende desprivatizar.

De acuerdo con la iniciativa, que empezará su discusión esta semana en el Legislativo argentino, bajo la dirección de Repsol, ha habido un “progresivo proceso de desmantelamiento y vaciamiento de la principal empresa petrolera de nuestro país”.

Así mismo, los argumentos del Ejecutivo acusan a Repsol de ir en contravía de los intereses de la Nación, lo que ha “determinado una caída de la producción y una reducción en el horizonte de reservas que compromete la soberanía energética del país”.

Las acciones que serán expropiadas quedarían distribuidas de la siguiente manera: el 51 % pertenecerá al Estado nacional y el 49 restante se distribuirá entre las provincias de estados productores de hidrocarburos.

¿Más expropiaciones?

Uno de los objetivos principales que busca el proyecto radicado por la presidenta argentina es emprender una escalada “para declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

No se descarta que, una vez aprobada la iniciativa oficial, se empiece un proceso de nacionalización de empresas productoras de hidrocarburos. “En efecto, es imposible ignorar que la existencia de yacimientos de petróleo y gas representa una crucial ventaja competitiva a escala internacional para nuestro país”, concluye el proyecto.

Fuertes reacciones

Una vez se dio a conocer la noticia, se produjo una serie de reacciones airadas desde varios flancos. En una rueda de prensa, Antonio Brufau, presidente de Repsol, señaló que la decisión argentina es “una forma de tapar la crisis social y económica que en este momento vive ese país”.

En su opinión, la medida es discriminatoria, ilícita, no justifica la utilidad pública perseguida e implica la violación de los deberes del Estado argentino al momento de la privatización de YPF. Así mismo, Repsol, en un documento expedido ayer, calculó en 10.500 millones de dólares el valor de sus acciones en la petrolera.

Por otro lado, la portavoz de la Comisión Europea, Pia Ahrenkilde, afirmó que la expropiación “contemplada es ilegal en la medida en que se produzca sin compensación adecuada, justa y rápida”. En consecuencia, se pospuso una reunión entre el comité conjunto UE-Argentina, previsto para los días 19 y 20 de abril en Buenos Aires.

El trámite del proyecto de expropiación de YPF se inicia hoy. El Ejecutivo espera que la ley esté lista en menos de un mes.

(Proyecto de Ley Expropiación de YPF)