La iniciativa busca establecer un tratamiento especial a favor de miembros de la fuerza pública privados de la libertad, en detención preventiva o en cumplimiento de una pena de prisión y que presenten una disminución de su capacidad sicofísica igual o superior al 50 % debidamente diagnosticada por las autoridades médico laborales militares y de policía. Así, la detención preventiva que se imponga a un miembro de la fuerza pública que presente las condiciones físicas anteriormente descritas sería sustituida por detención domiciliaria, bajo el cumplimiento de cuatro requisitos: i) que las autoridades médico laborales militares o de policía hayan diagnosticado una disminución de la capacidad sicofísica del beneficiado de manera definitiva en la correspondiente junta médica laboral; ii) que la detención domiciliaria del militar o el policía no ponga en peligro la vida o la integridad de las personas que comparten el lugar de residencia dispuesto por la autoridad judicial para el cumplimiento de la medida sustitutiva; iii) que el investigado no cuente con antecedentes de violencia intrafamiliar que involucre a personas con las que compartirá la residencia donde se cumplirá la medida judicial sustitutiva y iv) que se garantice mediante el pago de una caución, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, observar buena conducta, asistir a las diligencias judiciales en que su presencia sea obligatoria, cumplir con las condiciones de seguridad y de reclusión impuestas por las autoridades penitenciarias y colaborar con el cumplimiento de las actividades de vigilancia encargadas a estas y solicitar a la autoridad judicial competente autorización para el cambio de residencia. El proyecto de ley será estudiado por la plenaria del Senado, en segundo debate.