Para crear un espacio de interlocución y participación entre el Gobierno y las organizaciones que hacen parte de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 870. Tal instancia se encargará de temáticas acordadas en la cumbre agraria realizada entre el 15 y el 17 de marzo pasado, en Bogotá. La norma también determina la creación de una subcomisión que trabajará en las garantías y los derechos humanos de esta población. Igualmente, advierte que en ningún caso la mesa funcionará bajo apremio o en circunstancias de interrupción de las libertades de circulación de las personas y vehículos, de suspensión de los servicios públicos de transporte de carga y pasajeros o de cualquier afectación del orden público generada con ocasión de los diálogos objeto de este mecanismo de participación. La mesa tendrá su propio reglamento, que incluirá, entre otros temas, la periodicidad de las sesiones y las funciones a su cargo, previamente definidas por sus miembros. En el proceso de interlocución, advierte el decreto, se respetarán los derechos otorgados en la Constitución y la ley a los participantes y voceros de la cumbre.