" Para el procurador Alejandro Ordóñez, constituye un mecanismo de revictimización que responsables de graves violaciones a los derechos humanos y el DIH puedan ejercer la función pública. A su juicio, la Corte Constitucional debe entender que la justicia transicional es la tasación de un debate en el que se enfrentan actores violentos en procura de poder y la víctimas, en busca de justicia. Así las cosas, dice, la comisión de cualquier delito de guerra rompe el nexo con la pretensión política de la actuación delictiva, de ahí que considere que la declaratoria de constitucionalidad del texto demandado lleve al imperio de la impunidad. Según sus conclusiones, fue esa falta de juzgamiento a los delitos cometidos por guerrilleros que se desmovilizaron en la segunda mitad de los años 80 lo que desató la ola de violencia que sembró el paramilitarismo. ""El mundo ya conoce los resultados de esos seudoprocesos de paz con amnistías o indultos velados"", puntualizó. "