El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza advirtió la necesidad de tener una mayor precisión en los fallos de tutela en los cuales la Corte Constitucional reconoce el derecho a pensión y al pago de mesadas atrasadas que fueron causadas con base en ese derecho concedido. Así, se opuso a que la corporación no estableciera el momento preciso en el cual un ciudadano adquirió el derecho a la pensión de vejez, en un caso en el cual el alto tribunal ordenó reconocerle esta garantía. A su juicio, esa falta de certeza genera dudas en torno a si algunas mesadas pudieran o no estar prescritas. Además, indicó que el término “desde que adquirió el derecho” puede resultar equívoco, debido a que muchas veces los afiliados continúan cotizando, pese a cumplir los requisitos para aumentar la base de liquidación, en cuyo caso lo que se debe tener en cuenta es la última cotización (M. P. Luis Guillermo Guerrero).