Sobre procedencia de la acción de cumplimiento (Ley 393 de 1997) para perseguir la realización de actos de ejecución de una sentencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado recordó que estos no son verdaderos actos administrativos, porque en ellos no se materializa la voluntad administrativa y no producen efectos jurídicos directos. En este sentido, la sala concluyó que esta acción no procede para exigir el cumplimiento del acto de ejecución de una sentencia, que por su propia naturaleza está destinado a hacer efectiva una voluntad previa (judicial) y no contiene una decisión autónoma que se pueda hacer cumplir (C. P. Alberto Yepes Barreiro).