La iniciativa que busca unificar el régimen jurídico de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios (ESP) y de tecnologías de la información y las comunicaciones recibió ponencia favorable para último debate. Los autores y ponentes consideran que algunos proveedores o prestadores tienen ventajas jurídicas que de alguna manera afectan la posibilidad de uso de capacidad instalada o de competencias administrativas, técnicas o económicas de la competencia. Así, se plantea que las medidas generales de derecho público que se refieran a entidades descentralizadas no sean aplicables a las que prestan servicios públicos. Por otra parte, se pide que la ESP encargada del servicio de interconexión nacional no pueda participar en actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.