El Consejo de Estado revisó el alcance de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público en el marco de los procesos de liquidación de entidades públicas y reiteró que procede la acción popular contra los actos administrativos que los violen. En este sentido, la sala concluyó que los actos administrativos que ordenaron la supresión y liquidación de un hospital ineficiente, antes de violar los derechos colectivos, buscaban que la prestación del servicio público de salud fuera eficaz y eficiente. La estructura de la administración pública no es intangible, dado que la Constitución autoriza la reforma, liquidación y supresión de entidades, agregó (C. P. María Claudia Rojas Lasso).