República Dominicana aprueba el aborto terapéutico

El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, promulgó una reforma al Código Penal que despenaliza el aborto terapéutico. La ley, cuyo debate y aprobación generaron protestas de las iglesias Católica y Evangélica, entrará en vigencia un año después de que sea publicada en el periódico oficial.

De acuerdo con la normativa, serán despenalizados los abortos que se realicen cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando el embrión presente malformaciones incompatibles con la vida. Sin embargo, la reglamentación de las causales deberá ser presentada en la legislatura que comienza el próximo 27 de febrero.

La nueva ley mantiene en tres años de prisión la pena máxima para las mujeres que, por su simple decisión, se practiquen un aborto, y aumenta a 10 años la pena de cárcel para el personal médico que las asista.

“La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible, si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible”, aclara el texto.

En cambio, quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo o coopere con ese propósito será sancionado con prisión de dos a tres años.

Si no se produce el aborto, pero se le causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine en él una severa tara física o síquica, el responsable será sancionado con prisión de uno a dos años.

La despenalización del aborto terapéutico fue aprobada después de que el presidente Medina vetó, a finales de noviembre, el Código Penal que ya había sido aprobado, tras 17 años de discusiones, por la Cámara de Diputados y el Senado.

La aprobación de la ley generó la oposición de grupos religiosos: “Rechazamos enérgicamente toda concesión a cualquier tipo de aborto”, sostuvo, en un comunicado, la Conferencia del Episcopado, que había convocado a los feligreses a protestar en contra de la eventual legalización.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos celebraron la aprobación de la norma, pero manifestaron su preocupación por el hecho de que la Cámara de Diputados haya postergado y condicionado a una ley todavía inexistente la despenalización del aborto en casos de violación y cuando los embriones presentan malformaciones.

Según datos de organizaciones de salud y de derechos humanos, cerca de 85.000 abortos se practican cada año en ese país de forma clandestina, mientras que unas 15.000 mujeres llegan en estado grave a los hospitales públicos luego de practicarse ese procedimiento.

(Con información de Noticias SIN y El Nuevo Herald)